Acceso a la justicia para los migrantes: necesidad de reforzar la confianza en las instituciones, superar la barrera lingüística y reforzar las competencias de los actores

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) organizaron el 8 y 9 de diciembre en Rabat, un taller sobre el "Acceso a la justicia para los migrantes".

Celebrada con el apoyo de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), este taller internacional tuvo como objetico estudiar los progresos realizados por las autoridades gubernamentales, las instituciones nacionales y la sociedad civil marroquí en materia del acceso de los migrantes a la justicia y a recursos eficaces y para identificar las lagunas en la asistencia legal que se presenta a los migrantes.

Después de dos días de debate, los participantes hicieron una serie de recomendaciones para reforzar la protección de los derechos de los migrantes y garantizar su acceso efectivo a la justicia.

Llamaron así a luchar contra el miedo y la falta de confianza de los migrantes en las autoridades,  en particular mediante el acompañamiento físico de las víctimas y la modificación del Código de Procedimiento Penal para permitir que el abogado esté presente en todas las fases de los procesos judiciales.

En cuanto a las barreras lingüísticas, los participantes hicieron hincapié en la necesidad de revisar la legislación a fin de garantizar la presencia sistemática y obligatoria del intérprete en todas las etapas del proceso judicial, traducir los minutos en el idioma del demandante y asegurar la presencia de intérpretes en las zonas fronterizas.

En cuanto a la mejora del acceso a la justicia, los participantes llamaron a la elaboración de una guía sobre los derechos de los migrantes como litigantes, la creación de una línea telefónica gratuita para comunicar la información necesaria y proporcionar una sección sobre los derechos de los migrantes en los programas educativos.

Por último, en materia de refuerzo de la capacidad de los actores, los participantes propusieron la creación de un programa de formación sobre los derechos de los migrantes y refugiados en beneficio de los abogados, los jueces, la sociedad civil, las autoridades públicas, los representantes del gobierno, la policía y los sindicatos, la salud y los profesionales de los medios de comunicación.